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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PDF Imprimir E-mail
Jueves, 01 de Octubre de 2015 19:44

10logoLa Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Panamá, ante el deliberado sesgo mediático en torno al juicio seguido contra el ciudadano Leopoldo López Mendoza por delitos tipificados en la legislación penal venezolana, y la subsiguiente desinformación, presenta para conocimiento y fines pertinentes, características, elementos y consideraciones sobre el proceso judicial incoado por el Ministerio Público venezolano ante instancias jurisdiccionales del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, siguiendo todos los estándares universalmente aceptados dentro del Estado de derecho.

Luego de un detallado procesamiento que contempló setenta y dos (72) audiencias, desarrolladas durante cincuenta y siete (57) semanas, el Tribunal Veintiocho (28º) de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC) encontró culpable al ciudadano Leopoldo López Mendoza de los delitos de daños e incendio en calidad de determinador, instigación pública en grado de autoría y asociación para delinquir, por su responsabilidad en acciones vandálicas realizadas el 12 de febrero de 2014, precisamente contra la sede principal del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en la Avenida México de Caracas, por lo cual fue sentenciado a trece (13) años, nueve (9) meses, siete (7) días y doce (12) horas de prisión.

Los hechos de violencia desarrollados ese día incluyeron un incendio en la Biblioteca Central del Ministerio Público, así como daños materiales a la Plaza Parque Carabobo ubicada al frente de esta institución, y a seis (6) patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que se encontraban estacionadas en sus adyacencias, las cuales resultaron totalmente calcinadas.

Quedó demostrada a través de treinta (30) experticias la comisión de los hechos punibles por parte de los condenados, en especial de López Mendoza.

Contrariamente a las matrices mediáticas que se han querido posicionar en la opinión pública, el Estado venezolano a través de las instituciones correspondientes ha velado en todo momento por la pulcritud del debido proceso, así como por la dignidad, integridad física, y derechos humanos del reo.

Durante las audiencias realizadas se probó que los pronunciamientos realizados por López Mendoza a través de los medios de comunicación y las redes sociales, incitaron a sus seguidores a generar violencia en las calles, desconocer al gobierno nacional, y a las instituciones del Estado venezolano.

La participación de López Mendoza en estos hechos está inscrita en las convocatorias por él realizadas entre los días 23 de enero y 02 de febrero, cuando hizo un llamado público, notorio y comunicacional a marchar desde la Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio Público evento que terminó con destrozos y daños severos a esta institución del Estado venezolano.

Cuando López Mendoza acompañado de los manifestantes por él conducidos llegó a la sede principal del Ministerio Público con el alegato que iba a entregar un documento, en el que se solicitaba la libertad de unos estudiantes detenidos por orden de un tribunal de control del estado Táchira, a más de ochocientos kilómetros de distancia, solo se encontró con el personal de seguridad de la institución, que no porta armas de fuego. 

En audiencia celebrada el miércoles 10 de junio del presente año el subdirector de Seguridad Integral del Ministerio Público,  mayor  Ego Jesús Berbesí, actuando en calidad de testigo narró que López Mendoza con su discurso desencadenó los hechos de violencia que causaron daños y destrozos a la sede principal de esta institución. 

El funcionario, que para el momento de los hechos se desempeñaba como jefe de la División de Vigilancia y Protección del Ministerio Público, señaló en su testimonio que en horas del mediodía observó a las puertas del Ministerio Público a Leopoldo López en compañía de otros dirigentes, en el momento en que solicitaba el acceso a la sede para consignar un documento, el cual no mostró ni entregó.

En ninguno de los veintinueve (29) videos presentados en el juicio se observa alguna actitud de la cual se desprenda la intención de entregar algún documento.

Agregó que poco después vio en dos oportunidades a López Mendoza pronunciando un discurso a través de un megáfono, que iba dirigido a las personas que se encontraban en la plaza Parque Carabobo al frente de la sede del Ministerio Público.

Destacó que en ningún momento López Mendoza hizo un llamado a la calma, por el contrario señaló que sus palabras descalificaban a todos los organismos del Estado, incluyendo al Ministerio Público, lo que enardeció a los manifestantes, quienes luego comenzaron a lanzar piedras, objetos contundentes y bombas molotov contra el edificio generando el incendio en la biblioteca y en la planta baja del edificio, y ocasionando  múltiples daños en la fachada de la sede principal.

Asimismo, la representación del Ministerio Público dejó en evidencia la instigación que López Mendoza ejerció sobre sus partidarios,  que  desató  la  euforia  negativa   en   sus   simpatizantes conllevando al ataque contra la sede principal del organismo garante de la legalidad, acción que además de los daños generó pánico a más de ochocientos (800) trabajadores y sus hijos quienes se encontraban en la guardería (maternal) dentro del edificio.

Durante el juicio que se llevó a cabo contra Leopoldo López Mendoza se evidenció de manera palmaria que el condenado incitó a la violencia el 12 de febrero de 2014, y además a través de su cuenta verificada en la red social twitter, entre el 1º de enero y el 18 de marzo de 2014, envió setecientos siete (707) tuits, contentivos de ideas, mensajes, consignas, calificativos, fotos y videos, difundidos a seguidores afectos a sus ideas políticas, en los cuales en solo uno (1) hizo un llamado a la paz; en dieciocho (18) llamó a protestas no violentas, mientras que en seiscientos ochenta y ocho (688) ratificó la incitación a la violencia, el desconocimiento de las instituciones públicas y a los poderes que constituyen el Estado venezolano.

Por otra parte, para el mes de abril del presente año se demostró en juicio que las denuncias sobre presuntas “torturas y tratos crueles” contra Leopoldo López Mendoza  resultaron ser falsas.

Respecto a estos señalamientos el propio López Mendoza manifestó a la médica forense adscrita a la División Técnica de Peritaje Forense del Ministerio Público no haber sido agredido físicamente. En consecuencia, se negó a que le practicaran el examen de reconocimiento médico legal, lo cual es fundamental en este tipo de denuncias. López Mendoza, se negó incluso a ser fotografiado.

Para junio de 2015 el Ministerio Público había gestionado la debida evaluación médica a López Mendoza en dieciséis (16) oportunidades, en todas las cuales se negó a ellas, habiendo incluso llegado a acordarse que dichos exámenes serían practicados en presencia de su esposa y de su médico personal, ni aún así lo aceptó.

Con relación a las denuncias sobre presunto “confinamiento y aislamiento”, igualmente se determinó que no correspondían con la realidad, a través de diez (10) inspecciones efectuadas por fiscales del Ministerio Público a la celda de López Mendoza con la finalidad de verificar las condiciones de reclusión se constató en estas visitas, entre otras cosas, la presencia de los siguientes elementos: agua caliente a través de ducha corona, uso de Directv, DVD, Blu-ray, entrada de luz y aire natural, piezas sanitarias, microondas, televisión, hamaca, alfombras de foamy, sillas, cama, lencería y piezas religiosas; más recientemente, una vez hecha pública la condena que le fue impuesta se ha querido de nuevo posicionar mediáticamente una supuesta medida de “confinamiento y aislamiento”.

En cuanto a este punto, hay que destacar que se hicieron  once (11) entrevistas a López Mendoza, en una de las cuales estuvo presente su esposa Lilian Tintori.

Igualmente, se levantaron catorce (14) actas de llamadas al director del centro de reclusión (CENAPROMIL), mediante las cuales se dejó constancia que López Mendoza se encontraba fuera de la celda en distintas actividades, recibía visitas de familiares y abogados, así como alimentación adecuada.

Finalmente, es de destacar que los hechos de violencia por los cuales fue juzgado están enmarcados en un contexto más amplio coordinado y dirigido públicamente por López Mendoza en un plan tristemente célebre conocido como “La Salida” mediante el cual a través de las llamadas “guarimbas” desencadenaron lamentables sucesos que enlutaron a medio centenar de familias venezolanas donde además resultaron lesionadas más de ochocientas setenta (870) personas, dentro de las víctimas mortales producto de estas acciones figuran en estricto orden cronológico las siguientes:

• Julio González, fiscal tercero auxiliar de la Fiscalía Superior del estado Carabobo (centro-norte), asesinado el 19 de febrero cuando intentó pasar en su camioneta por una barricada opositora (guarimba).

• Doris Lobo (41 años), madre de tres hijos, fallece el 20 de febrero de 2014 cuando un alambre de púas colocado por guarimberos en el sector Santa Bárbara en el estado Mérida (suroccidente) se enredó en la motocicleta en la que viajaba con uno de sus hijos quien sufrió fractura del brazo derecho.

• Arturo Martínez (54 años), hermano del diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Francisco Martínez, asesinado de un disparo en la cabeza el 20 de febrero de 2014 en Barquisimeto, estado Lara (occidente), cuando se encontraba retirando unos escombros colocados por guarimberos en una barricada para poder dirigirse a su trabajo. 

• Elvis Durán (29 años), murió  el 22 de febrero de 2014, cuando dirigendose a su hogar un alambre colocado por guarimberos lo degolló en la avenida Rómulo Gallegos, municipio Sucre, estado Miranda (centro-norte). 

• Wilmer Caraballo (41 años), asesinado de un disparo en la cabeza el 24 de febrero de 2014 en la urbanización La Fundación, avenida Henri Pittier, Cagua, estado Aragua (centro-norte) lugar donde habitaba.  

• Antonio Valbuena (32 años), mototaxista, padre de cinco niños, quien falleció de un disparo en la cabeza el 24 de febrero de 2014 en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia (oeste) cuando intentaba retirar unos escombros que cerraban la vía. 

• Eduardo Anzola (29 años), fallece el 25 de febrero de 2014 cuando impacta con su moto contra una barricada colocada por guarimberos en la avenida Michelena de Valencia, estado Carabobo. 

• María Heredia (89 años), madre del gobernador del estado Yaracuy (oeste), perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Julio León Heredia, quien fallece el 27 de febrero de un infarto producto de un cacerolazo opositor en las afueras de su vivienda, cuando estando bajo cuidados médicos un grupo de guarimberos la atacaron con gritos, cacerolas e improperios causándole la muerte en la ciudad de Valencia, estado Carabobo (centro-norte).

• Jotaka Valera (26 años), asesinado el 27 de febrero por unos motorizados de un tiro en la espalda cuando pasaba por una barricada en Maracaibo, estado Zulia (oeste), era estudiante de Enfermería y hacía sus prácticas profesionales en el Hospital de la Policía. 

• Giovanni Pantoja (29 años), sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), asesinado el 28 de febrero de 2014 en Valencia, estado Carabobo (centro-norte) de un disparo en el rostro, en una emboscada hecha por guarimberos mientras retiraba escombros colocados en la vía.

• Deivis José Durán Useche (31 años), murió  el 3 de marzo de 2014 tras sufrir fractura de cráneo cuando, camino a su residencia en Petare, cayó con su moto en una alcantarilla a la que manifestantes opositores le habían quitado la tapa en la autopista Francisco Fajardo en el municipio Chacao del estado Miranda (este de Caracas). 

• Luis Alejandro Gutiérrez Camargo (26 años), estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), quien fallece el 4 de marzo de 2014 cuando al abandonar una celebración con sus amigos en el casco central de Rubio, estado Táchira, fue expulsado de su vehículo cuando intentaba esquivar rocas de una barricada (guarimba) en la avenida de Las Américas. 

• Acner López, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinado el 6 de marzo de 2014 en Los Ruices, municipio Sucre, estado Miranda (zona este de Caracas), producto de un disparo en la espalda con trayectoria descendente producto de una acción de francotirador desde una de las azoteas de los edificios aledaños.

• José Amaris (25 años), mototaxista, fallece el 6 de marzo de 2014 de un disparo cuando para restituir el paso vehicular intentó retirar los escombros colocados en las barricadas por los guarimberos. Su muerte se produce en Los Ruices, municipio Sucre, estado Miranda (este de Caracas), consecuencia de un disparo efectuado por un francotirador desde un edificio aledaño. 

• Johan Pineda (37 años), iba como copiloto en la moto de su amigo Javier Albendaño, fallece el 7 de marzo cuando resbalaron por aceite regado intencionalmente en la autopista Francisco Fajardo. El aceite fue responsabilidad de los guarimberos que se encargaron de rociarle desde vehículos.  

• Glidis Chacón (25 años), detective del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), asesinada el 7 de marzo de 2014 en medio de un fuego cruzado con funcionarios de la policía del municipio Chacao, luego de efectuar la captura de dos involucrados en las guarimbas de Altamira. 

• Gisella Rubilar (47 años), artesana de nacionalidad chilena residente en Venezuela, madre de tres hijos e hija de exilados que huyeron de Chile de la dictadura de Pinochet, muere el 9 de marzo de 2014 producto de un disparo en el rostro efectuado por guarimberos que manifestaban en una barricada en la ciudad de Mérida, estado Mérida (suroccidente). 

• Ramzor Ernesto Bracho Bravo (36 años), capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), asesinado mientras trataba de mantener el orden público en el medio de una guarimba en el distribuidor Mañongo de la autopista del este en Naguanagua, municipio Naguanagua, estado Carabobo, el propio 12 de marzo de 2014.

• José Guillén Araque (34 años), capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),  asesinado de un disparo en la frente el 17 de marzo de 2014 en Maracay, estado Aragua (centro-norte), cuando se encontraba dispersando una manifestación encabezada por un grupo de opositores violentos que pretendían cerrar con barricadas la avenida Casanova Godoy para impedir el tránsito vehicular. 

• Francisco Madrid (31 años), trabajador de la Corporación de Servicios Municipales de la Alcaldía del Municipio Libertador (Caracas), fallece el 18 de marzo producto de un disparo en la cabeza mientras se encontraba recogiendo escombros de una barricada hecha por guarimberos en la zona de Montalbán. Dejó huérfanos a dos hijos.

• Jhon Castillo (23 años), sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),  asesinado el 19 de marzo en San Cristóbal, estado Táchira, producto de un disparo de arma larga, cuando  se  encontraba  en  labores  de  orden   público   en   las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas en San Cristóbal, misma universidad que resultó ciento por ciento (100%) consumida por las llamas en un incendio que quedó determinado fue de carácter intencional.

• Juan Labrador (39 años), quien fallece el 22 de marzo de 2014, producto de un disparo en medio de protestas violentas en las que bloquearon la Av. Cardenal Quintero en la ciudad de Mérida, estado Mérida, cuando además quemaron varias unidades de transporte. En el suceso hieren a dos funcionarios policiales.

• Wilfredo Rey (32 años), padre de tres hijos, trabajador de transporte público. Fallece el 22 de marzo de 2014 producto de un disparo en la cabeza en medio de las guarimbas en la calle principal del barrio Sucre, San Cristóbal, estado Táchira. 

• Adriana Urquiola (28 años) intérprete de lenguaje de señas, con cinco meses de embarazo, asesinada regresando a su hogar el 23 de marzo de 2014 de dos disparos cuando transitaba por una barricada (guarimba) que mantenía cerrada la vía en la urbanización Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda.

• Miguel Parra (42 años), sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), asesinado el 26 de marzo de un disparo en el cuello al momento de retirar barricadas colocadas por opositores violentos en la avenida Las Américas, estado Mérida. En el mismo hecho resultaron heridas dos personas por disparos, incluyendo a una trabajadora de la gobernación de la entidad.

• José Cirilo Darma (27 años), funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), asesinado el 10 de abril en Barquisimeto, estado  Lara,   de  un  disparo  ejecutado   por   un   francotirador mientras dispersaban una protesta en la avenida Los Horcones. 

• Mariana Ceballos (32 años), falleció el 10 de abril de 2014 producto de una hemorragia cerebral, fractura de la pelvis y del fémur derecho luego de ser arrollada por un vehículo que pasaba por la barricada donde Ceballos se encontraba, en el estado Carabobo. 

• Jorge Colina (24 años), funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), asesinado el 7 de mayo de 2014 de un disparo en la cabeza, ejecutado por un francotirador en la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao, estado Miranda, cuando se encontraba removiendo escombros luego de una protesta opositora. En el suceso hirieron de bala a otros tres funcionarios policiales.

• Josué Farías (18 años), estudiante de contaduría en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, falleció el 29 de mayo producto de un disparo que le ocasionó daños severos en el páncreas, hígado y estómago. 

El precedente listado, equivale sólo a alrededor del cincuenta por ciento (50%) de los casos de víctimas mortales producto de las llamadas guarimbas en el marco de la infame convocatoria a “La Salida” realizada por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, entre otros dirigentes políticos, “hasta que salgamos de los que nos están gobernando”  (Leopoldo López dixit).

En todo Estado de derecho es clara y notoria la gruesa línea divisoria entre un preso político y un político preso; en distintas naciones latinoamericanas se están presentando estos casos que incluyen a políticos en los más altos niveles de la conducción del Estado por imputaciones que se han generado tanto en el actual ejercicio de la función pública como en administraciones pasadas.

En las acciones descritas, que constituyeron un plan subversivo de pretensión nacional, el Estado venezolano ha también reconocido algunos excesos de agentes del orden público cometidos de manera individual, en todos estos casos los responsables han sido identificados, detenidos y procesados, al igual que sucedió con el ciudadano Leopoldo López Mendoza, a quien como al resto de los ciudadanos sometidos al imperio de la ley se le ha  seguido  el  debido proceso y garantizado los derechos inherentes a su condición humana.

De hecho, es preciso recordar que en entrevista concedida a CNN en español en el mes de febrero de 2014 su esposa, Lilian Tintori de López Mendoza, reconoció que “…habían grandes amenazas de que querían asesinar a Leopoldo López y el gobierno se mostró preocupado por esta situación y se comunicó con la familia para resguardar la seguridad de Leopoldo, y así fue, resguardaron la seguridad de Leopoldo…”.

El Estado venezolano a través del correcto funcionamiento de la institucionalidad del Estado de derecho, legítimamente concedida en el ejercicio de la democracia, continuará velando por la efectiva, correcta y adecuada aplicación de la justicia.

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Panamá, se vale de la ocasión para exhortar a la opinión pública a no dejarse sorprender en su buena fe ante matrices mediáticas orquestadas contra la institucionalidad democrática venezolana.

 

 

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